El otorgamiento de un Poder General seguro se convertirá en una fatal decisión para el poderdante

Este post va dedicado al fatídico “poder general” y es que son muchos los problemas que han surgido y siguen surgiendo entre familias aparentemente bien avenidas por el otorgamiento, recíproco o no, entre sus miembros de  un poder de tal magnitud. Y es que quien otorga un poder general-poderdante- , comúnmente conocido como poder de ruina, está poniendo en  manos de un tercero– apoderado- la facultad de realizar actos en su  nombre y representación que podrían llegar a tener consecuencias fatales para su patrimonio, especialmente, si hablamos de poderes generales en el que se otorgan facultades dispositivas y no de mera administración. Dicho esto seguramente ahora te estarás preguntando…

…¿Cuál es la diferencia entre actos de mera administración y los actos dispositivos?  

Bien, pues mientras que los primeros se caracterizan por ser idóneos para la conservación y explotación del patrimonio por lo que su incidencia en éste sería la de mantenerlo en su estado originario o bien incrementarlo,  los segundos son  actos tendentes a la transmisión de bienes o derechos por lo que su consecuencia lógica será la de producir la disminución del patrimonio. A  meros efectos de facilitar la distinción entre estos dos conceptos vemos un ejemplo de cada acto:

  • Acto de administración: el cobro de rentas de un contrato de arrendamiento;
  • Acto dispositivo: constituir una hipoteca sobre un bien inmueble.

Sentada esta distinción, volvemos al tema central del post que es el analizar las consecuencias fatales para el patrimonio que podría llevar aparejada la concesión de un poder general con otorgamiento de facultades dispositivas en términos generales, esto es, sin hacer mención en forma expresa a qué actos dispositivos concretos vamos a permitir celebrar en nuestro nombre y representación a un determinado tercero. La fórmula más comúnmente utilizada en estos poderes, nada recomendables por su elevada litigiosidad,  es la siguiente:

” Que D.XXXX confiere poder general, tan amplio y bastante como en derecho se requiera y sea menester, a favor de D. XXXX…”

Ahora imaginemos un supuesto práctico que desgraciadamente y con  mayor frecuencia de la que os podéis imaginar ha llegado a nuestros tribunales:

“Un hombre de 60 años otorga un poder general tan amplio como fuere menester en derecho a su hijo ya que considera que no tiene edad para gestionar por él mismo el patrimonio que ha podido acumular después de toda una vida dedicada al trabajo. Su hijo años después de la concesión del poder y aprovechando que su padre ha ingresado en una residencia dona una finca de su padre a su pareja de hecho y lo hace actuando en nombre y representación de su padre en virtud de dicho poder general que exhibe en el momento de la firma ante el Notario. Tras salir de la residencia el padre toma conocimiento de la donación, revoca los poderes y acude a un abogado para que le asesore.

Quizás ahora consideres que no hay nada que  hacer ya que el hijo actúo debidamente apoderado por el poder general que le facultaba para donar,  por lo que el padre no podría hacer nada. No obstante, aunque no lo creas sí que cabría solicitar la nulidad de la donación, véamoslo:

Nuestro Código Civil en su art. 1713 establece que el mandato -entendido como poder- en términos generales tan sólo comprende los actos de mera administración exigiendo para la realización de actos dispositivos la existencia de mandato expreso-ex. art. 1713.2 CC-Ahora te preguntarás…

…¿Qué se entiende por mandato expreso?

La jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo establece que se entenderá que un poder contiene un  mandato expreso cuando en el mismo se determine el acto concreto de disposición al que se habilita al apoderado y el objeto sobre el que puede recaer y los sujetos que podrán beneficiarse. Así, en el caso que hemos visto, pese a que en el poder general se contiene expresamente la facultad de donar bienes inmuebles, al no identificar en el poder el bien inmueble que podría ser objeto de donación ni tampoco los sujetos a quienes podría beneficiar la donación el poder no era válido para efectuar actos de disposición de pleno dominio ya que no cumple con el requisito de contener un mandato expreso tal y como exige el art. 1.713.2 CC por lo que faltaría uno de los elementos esenciales de todo contrato, en concreto, el consentimiento, por lo que procedería la nulidad radical de la donación y se podría solicitar la restitución del bien inmueble al patrimonio del padre. Para quien quiera profundizar más  podéis consultar la sentencia del TS 687/2013 de 6 de noviembre de 2013 que trata precisamente un caso idéntico al analizado sts-6-de-noviembre-de-2013

Sin perjuicio de lo anterior, para que proceda la nulidad radical por falta de consentimiento se requiere que no haya habido una convalidación posterior del negocio jurídico inicialmente nulo ya que de ser el caso, se convalidaría el consentimiento  y ya no cabría hablar de ausencia de uno de los elementos esenciales del contrato- ex. art. 1261CC- y, por ende tampoco de nulidad.

Asimismo en el caso que hemos analizado también cabría exponer la mala fe del apoderado quien debe actuar siempre en beneficio e interés del poderdante por lo que cabría incluso exigirle responsabilidades por extralimitarse de sus facultades.

Por otro lado, lo que debes saber sobre la nulidad de pleno derecho es que ésta no está sometida a plazo alguno, ni de prescripción ni de caducidad por lo que si este es tu caso y si no ha mediado una convalidación posterior, tal y cono hemos comentado,  podrías reclamar judicialmente la nulidad del negocio celebrado en virtud del poder general.

En cuanto a qué puedes esperar de la otra parte si decides solicitar la nulidad del negocio jurídico celebrado en virtud del poder general, si ninguna duda ésta será la línea de su defensa:

  1. Con carácter principal defenderán que no cabe hablar de nulidad ya que el poder contenía mandato expreso tal y como exige el art. 1.713.2 CC ya que hacía mención expresa a la facultar de hacer donaciones;
  2. Subsidiariamente a lo anterior y para el caso de que se estimare la ausencia de consentimiento, intentarán hacer valer que nos encontramos ante un caso de anulabilidad -ya que es un vicio subsanable, error en el consentimiento-  y no de nulidad radical-que  no existe consentimiento- , ya que la primera está sujeta a un plazo de caducidad de 4 años y la segunda cómo hemos visto no está sometida a plazo alguno;
  3. Subsidiariamente a todo lo anterior, alegaran que ha habido una convalidación posterior del consentimiento por lo que el acto dispositivo es válido y debe producir plenos efectos.

 

Como siempre espero que os haya servido de utilidad el post y en caso de que os hayáis quedado con alguna duda o simplemente queráis contarme vuestro caso concreto estoy a vuestra entera disposición.

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